La soberanía exige ser defendida con congruencia

El caso ha escalado a nivel nacional, y si bien han surgido disputas sobre el esclarecimiento de cómo se dieron los hechos, la autenticidad de los audios ha sido confirmada por el propio gobierno estatal. Ante la gravedad de los hechos, nos encontramos ante un concepto utilizado en múltiples ocasiones por el oficialismo: traición a la Patria; solo que, en esta ocasión, el atropello a nuestra soberanía ha sido verdaderamente cometido, y el protagonista es un miembro de su mismo partido.

Frente a esta situación, la postura del gobierno federal ha sido muy clara: guardar silencio, evadir el tema, minimizar los hechos y, ante las constantes preguntas de los periodistas, defender a la gobernadora morenista. La defensa, además de insuficiente, ha colocado al gobierno federal en una posición insostenible. Durante meses, la 4T se dedicó a construir una narrativa política en torno a la idea de soberanía.

Cada petición, solicitud o iniciativa de apoyo en materia de seguridad por parte de nuestro vecino del norte fue rechazada bajo dicho estandarte; por el contrario, la exigencia de la oposición de que se cumpla la ley dentro del propio territorio nacional ha sido ignorada, y a quienes —a falta de una confianza en nuestro propio sistema de justicia— solicitan la entrega de los acusados ante la justicia estadounidense, se les señala como traidores a la patria.

Una servidora fue perseguida y atacada injustamente por el gobierno federal y todo su aparato de comunicación, por supuestamente atentar contra la soberanía de nuestra Nación. Ahí no eran necesarias las pruebas ni el respeto a la presunción de inocencia. La contradicción es clara; mientras a una gobernadora de oposición se le juzgó indebidamente por hacer valer el Estado de Derecho y actuar conforme lo dicta la ley, a los simpatizantes del régimen se les encubre y defiende, incluso ante acusaciones formales de vínculos con el crimen organizado, o ante la evidencia contundente de que uno de los suyos compromete información de seguridad nacional.

Morena afirma con seguridad que defiende la soberanía de México y de su gente, pero el discurso choca con la realidad en la medida en que el gobierno elige reiteradamente a quienes portan el color de su partido por encima de los mexicanos. Por el contrario, la soberanía se vulnera cuando se permite que un narcogobierno se instale y dirija el rumbo de un estado, como lo es el caso de Sinaloa y de su gobernador con licencia.

La soberanía se vulnera cuando se encubre a una gobernadora que busca compartir información de seguridad para salvarse de ser extraditada. La soberanía se vulnera cuando en lugar de combatir a los generadores de violencia, se persigue a los políticos que sí tomamos acciones contundentes para hacerles frente. Los casos abundan, y la verdad se confirma a la luz de los hechos: la soberanía se usa como bandera política, y se desecha en el momento en que afecta los intereses del partido en el poder.

Lamentablemente México ya enfrenta las consecuencias de tener un gobierno federal que no actúa contra el crimen ni contra sus políticos coludidos. Cada día, miles de personas lo viven en su cotidianidad. Se refleja en las familias que viven con miedo cada vez que salen de sus hogares, en los negocios que cierran sus puertas por el cobro de piso, en los jóvenes forzados a trabajar para el crimen organizado.

Hace apenas unos días advertíamos el peligro que implica esta actitud del gobierno federal frente a las peticiones de Estados Unidos. Las consecuencias ya son una realidad: Nuestro principal socio comercial ha decidido no renovar el TMEC, y someterlo a una permanente incertidumbre. Esto ya deja ver sus primeras consecuencias en términos de inversión, y si no hacemos un cambio, las afectaciones económicas se seguirán sintiendo en la pérdida de inversiones y de empleos formales; y claro, en nuestra posición vulnerable para renegociar el tratado comercial constantemente.

México no puede continuar por este camino, pero para revirar el curso de nuestra Nación y limpiar nuestro sistema político, el gobierno federal debe comenzar por someter a sus políticos vinculados a la acción de la justicia, y juzgar a quienes han demostrado que su lealtad se encuentra con sus intereses y no con los mexicanos. Por el contrario, si mantienen su mismo discurso de protección y encubrimiento, el panorama nacional será cada vez más difícil para la ciudadanía.

Sin embargo, incluso ante esta situación, creo firmemente que los mexicanos podemos combatir el abuso. Para defender los intereses de nuestro país, los ciudadanos debemos mantener la exigencia y señalar con decisión los atropellos del oficialismo. Soy una convencida de que la política es el medio humano para generar el mayor bien posible a las comunidades, pero se necesitan personas a la altura de la responsabilidad para que eso suceda.

Es esta la causa que me impulsó a elegir este camino de vida; y con gran esfuerzo, también ha sido la fuerza para edificar la visión que rige a Chihuahua: ser un gobierno de la vida; un gobierno que dignifique las condiciones de vida de los ciudadanos, que dirija conforme a la ley, y que nunca comprometa el bien común por proteger la carrera política de quienes se sirven del poder. Desde nuestro estado, seguiremos levantando la voz.

Hablar con la verdad, además de ser una obligación con la ciudadanía, representa un compromiso moral en aras a generar una mejor sociedad. Chihuahua denuncia los abusos, señala el camino y construye los medios para transitarlo.

Chihuahua y todo México cuentan conmigo.