En los últimos años, el mundo entero ha sido testigo de una reconfiguración geopolítica profunda. Las cadenas de suministro se redibujan, las reglas del comercio internacional se reescriben y la competencia por atraer inversiones se intensifica. Cada nación, con sus condiciones particulares, debe aprovechar al máximo sus fortalezas para tener presencia y mantenerse en el mercado global.

Para Chihuahua y para todo México, los últimos meses han abierto un periodo de discusión profunda en torno a diversas propuestas de reforma que buscan reconfigurar el equilibrio institucional del país. No se trata de ajustes menores: lo que está en juego es la manera en que se distribuye el poder, se toman decisiones públicas y, en última instancia, se responde a la realidad concreta de las personas y de las comunidades.

En la política, los resultados financieros rara vez ocupan un lugar central al momento de comunicar avances de gobierno. No porque no tengan efectos concretos, sino porque suelen ser menos visibles que las obras o los programas sociales. Sin embargo, no están separados de ellos: el orden y la disciplina financiera son lo que permite que esas obras se realicen y que los programas funcionen de manera sostenida. Ahí se define la capacidad real de un gobierno para cumplir. En otras palabras, detrás de cada resultado tangible hay una gestión responsable de los recursos públicos.

Todo gobierno tiene la responsabilidad de entregar resultados concretos a la ciudadanía. Atender los servicios básicos, mejorar la seguridad, construir obra pública y fortalecer la economía son solo algunas de las misiones que debemos cumplir quienes estamos al frente de una administración.

Recientemente tuve el honor y la oportunidad de anunciar, tanto en la Ciudad de México como en la capital de Chihuahua, la participación de nuestro Estado como invitado en la Feria Nacional de San Marcos, una de las celebraciones culturales más importantes del país.

Vivimos un tiempo de profunda inestabilidad a escala global. En distintas regiones del mundo observamos con preocupación el avance de los estados de excepción, el debilitamiento de las instituciones democráticas y los atropellos sistemáticos a los derechos humanos. Lo que durante décadas pareció un piso firme —el respeto a las libertades, la vigencia del Estado de derecho y la existencia de contrapesos al poder— hoy muestra signos evidentes de fragilidad.

Hay un principio que sirve para orientar la vida y también para orientar a los gobiernos: el árbol se conoce por sus frutos. No por la foto fácil, ni por las obras que se anuncian con bombo y platillo, pero luego colapsan. A un gobierno se le conoce por lo que deja, por lo que permanece y, sobre todo, por lo que realmente mejora la vida de las personas.

Vivimos en un tiempo de diversas y lamentables noticias. La violencia que vivimos es un cáncer que se ha extendido sin control en la sociedad, y que demanda la atención de todos los sectores, como una responsabilidad compartida. Sobre todo, cuando las infancias y la paz social se encuentran en juego.

En nuestros recorridos por el vasto territorio de Chihuahua, con mucha frecuencia las personas se acercan a una servidora y al equipo que me acompaña para hacer una pregunta: “Gobernadora, ¿cuándo van a arreglar las carreteras?”

Ciudad Juárez es una de las zonas urbanas más importantes del país, y sin duda alguna, la más importante del Estado de Chihuahua. Desde que las y los chihuahuenses me honraron con la máxima responsabilidad de gobernar este gran Estado, tuve claro que la atención a la frontera número uno era indispensable; no por cálculo o rédito político, sino por simple y sincera convicción moral.