En días recientes sostuve una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en la que, de la mano de nuestros equipos de trabajo, coincidimos en un principio esencial: la seguridad no se construye de manera aislada, sino en unidad entre la Federación, los estados y los municipios. Siempre he sido una convencida de que la cooperación entre los diferentes niveles de gobierno no solo fortalece nuestras instituciones, sino que también envía un mensaje poderoso a la ciudadanía: estamos trabajando juntos para proteger lo más valioso que tenemos, a saber, la vida y la tranquilidad de nuestras familias.

Desde hace algunos años, el mundo entero ha visto surgir una nueva problemática que ha cobrado fuerza rápidamente: el fentanilo. Si bien, este compuesto nació originalmente en el área de la medicina como un potente anestésico y analgésico, eventualmente transitó al tráfico ilícito, hasta convertirse en un serio problema en varios países.

El hambre es uno de los rostros más dolorosos de la desigualdad. Según las cifras de la Organización de las Naciones Unidas, más de 340 millones de personas en el mundo sufren por no contar con alimento básico para subsistir. México no es ajeno a esta realidad, pues, lamentablemente, decenas de millones de connacionales enfrentan esta dura condición; y en Chihuahua, aunque estamos entre diez Estados con menor carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, aún existen regiones en donde las personas enfrentan hambre, especialmente en zonas vulnerables de Ciudad Juárez y en nuestra Sierra Tarahumara.

Siempre he sido una firme defensora de la familia, pues ella representa la institución más importante para la vida de cualquier individuo, y define el tipo de personas que seremos durante toda nuestra vida.

En Chihuahua creemos que la salud no es un privilegio, sino un derecho que debe garantizarse con calidad, con alcance real para todas las personas y, sobre todo, creemos que es un servicio que dignifica la vida. Esta convicción dio origen a MediChihuahua, una estrategia para acercar servicios médicos gratuitos y oportunos a chihuahuenses que no cuentan con derechohabiencia. Se trata de dar cobijo a quienes se encuentran en los márgenes de las instituciones y de que juntos elevemos su calidad de vida.

Como cada año desde 1995, en México y en el mundo conmemoramos el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Para nuestro país, y muy particularmente para nuestro Estado, esta fecha representa la oportunidad para abrazar con mayor fuerza nuestra identidad cultural, y enorgullecernos del pasado común que poseemos como miembros de un mismo pueblo. Sin embargo, esta fecha también es un recordatorio permanente de la histórica deuda que los gobiernos tenemos hacia las personas de comunidades indígenas.

La pandemia de COVID-19 nos dejó dos grandes lecciones: que la vacunación es la única forma efectiva de enfrentar enfermedades virales, y que la responsabilidad de contenerlas es colectiva, no individual. A cinco años del inicio de esa crisis sanitaria, México y Chihuahua lo saben bien: una vacuna puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Una de las lecciones más claras que recibió la humanidad durante la reciente pandemia de COVID-19, fue la confirmación de lo que significa vivir en un mundo en el que existe una enfermedad que no tiene una vacuna.

Desde los inicios de mi carrera, he tenido muy claro que el trabajo de un auténtico Gobierno humanista está concentrado en disminuir las brechas de desigualdad en la sociedad. Y siempre he sido una convencida de que la mejor manera de lograrlo es a través de los igualadores sociales.

Luego de un periodo de reapertura gradual de la frontera que representó un respiro para la ganadería mexicana, el reciente cierre de la frontera para la exportación de ganado por parte de los Estados Unidos vuelve a significar un desafío para los gobiernos. En el caso de nuestro Chihuahua, este cierre afecta directamente a todo el sector ganadero. Más del 80% de los ganaderos chihuahuenses son pequeños productores que dependen del cuidado y la comercialización de su hato para sostener a sus familias y fortalecer nuestra economía local. De esta forma, la imposibilidad de exportar representa una pérdida importante en sus ingresos y, por ello, en los últimos meses hemos atendido este tema con la urgencia que merece.