Seguridad y gobierno de la vida

La seguridad pública debe entenderse desde esta perspectiva. La seguridad es la condición que hace posible la libertad. Sólo existe verdadera libertad cuando una persona puede caminar en paz por las calles, cuando los padres pueden confiar en que sus hijos regresarán seguros a casa y cuando los ciudadanos pueden emprender, trabajar y convivir sin que el miedo determine sus decisiones.

Por esa razón, un gobierno verdaderamente comprometido con la vida y la dignidad humana entiende que no existe prosperidad donde la violencia domina los espacios públicos. Tampoco existe futuro donde el crimen organizado sustituye a las instituciones o pretende imponer sus propias reglas. Toda autoridad tiene una misión irrenunciable: combatir a quienes amenazan la paz social, nunca protegerlos, encubrirlos o tolerarlos. Desde esta visión de cuidado de la vida es que trabajamos también por el cuidado de nuestros cuerpos de seguridad.

En días recientes, realizamos una nueva entrega de equipamiento policial. Mediante una inversión superior a los 93 millones de pesos, beneficiamos a más de 3,200 policías en nuestro estado, acción que se suma a las entregas efectuadas durante las últimas semanas en municipios de la zona centro-sur y de la Sierra Tarahumara. Mediante estas acciones, dotamos con herramientas de trabajo apropiadas a quienes nos protegen todos los días, pero también materializamos una profunda convicción política: la paz jamás se construye con ocurrencias y mucho menos con contubernios con aquellos que amenazan la tranquilidad de las familias.

La paz se construye mediante inversión, profesionalización, capacitación y dignificación de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía. Desde el inicio de esta administración comprendimos que no existen atajos para alcanzar la paz. Por ello, se han destinado más de 3 mil 900 millones de pesos al fortalecimiento de las corporaciones policiales estatales y municipales.

Hoy, las y los policías cuentan con plazas, mejores prestaciones laborales y condiciones más dignas para desempeñar su labor. La exigencia de legalidad y profesionalismo sólo puede hacerse con legitimidad cuando el Estado también cumple con su responsabilidad de respaldar a quienes arriesgan su vida por los demás. Lo anterior se complementa con una estrategia integral de seguridad que incluye la Plataforma Centinela, sus once subcentros regionales y la Torre Centinela en nuestra querida Ciudad Juárez, que ya cuida de las familias.

Los resultados, aunque nunca suficientes mientras exista una sola víctima, muestran avances importantes. La percepción ciudadana sobre la seguridad ha mejorado, la corporación estatal ha obtenido certificaciones internacionales de calidad (como CALEA), los delitos de mayor impacto social registran una tendencia a la baja y el homicidio doloso presenta una reducción del 20% durante el presente año. Con estos hechos, demostramos que las instituciones fuertes producen resultados.

Las familias de Chihuahua merecen esto y mucho más: necesitan gobiernos que hablen con la verdad, que reconozcan los desafíos existentes y que enfrenten los problemas sin maquillar cifras ni ocultar la realidad. Y es precisamente aquí donde aparece una discusión más profunda: la de la soberanía. En tiempos recientes se ha presentado la soberanía nacional como una consigna política y ha sido usada como una herramienta retórica para descalificar adversarios. Sin embargo, su significado es mucho más concreto y profundo.

La soberanía se vulnera cuando el crimen organizado logra infiltrarse en las estructuras de gobierno. Se lastima cuando un narcogobierno condiciona las decisiones públicas y pretende dirigir el destino de una entidad federativa. Se socava cuando las instituciones dejan de servir a los ciudadanos para servir a intereses criminales. Y, definitivamente, la soberanía también se debilita cuando se protege a funcionarios cuestionados en lugar de permitir que las instituciones actúen con independencia.

Los acontecimientos recientes en distintas regiones del país muestran una realidad preocupante. Detrás de los numerosos desplazamientos forzados, comunidades abandonadas, familias separadas y actividades económicas paralizadas existe una misma causa de fondo: la expansión del poder criminal allí donde las instituciones han sido incapaces o han renunciado a enfrentarlo.

El narcogobierno representa un problema político y una tragedia humana que condena a comunidades enteras a vivir bajo la violencia, el miedo y la incertidumbre. Cuando el crimen sustituye a la autoridad, quienes terminan pagando el costo son siempre las familias, los trabajadores, los productores y los ciudadanos que desean vivir en paz. Frente a esa realidad, Chihuahua ha elegido otro camino: el de fortalecer a las instituciones, respaldar a las fuerzas de seguridad, defender el estado de derecho y colocar a las familias en el centro de la política pública.